¿POR QUÉ UNIRSE AL PARO NACIONAL DE MUJERES?

Desde que el paro de mujeres del 09 de marzo de 2020  #UnDíaSinNosotras se convocó, he pensado mucho si me incorporaría, por qué y para qué. Sabía que estoy muy enojada y verdaderamente aterrada por el incremento exponencial en el número de feminicidios por año en nuestro país, así como la inaudita crueldad con que se llevan a efecto y que también va en aumento. Pero también me sentía muy dudosa de su originalidad o su espontaneidad desde la “ciudadanía de a pie”, toda vez que esta iniciativa fue literalmente secuestrada por la oposición panista al gobierno Lopezobradorista. No quería “engordarle el caldo” a una casta política enquistada en el poder durante generaciones, completamente indiferente a otra cosa que no fuera su enriquecimiento personal. Tampoco pretendo formarme en las filas de amlovers que cantan las glorias de su mesianismo, cacareando el golpeteo (real) de sus opositores y asumiendo esta convocatoria, imaginariamente, como un golpe de la derecha corrupta en la que las mujeres comunes y corrientes no teníamos nada que ver. Pues no estoy de acuerdo con ninguna de las dos posturas y reinvindico el paro nacional de mujeres como una propuesta ciudadana importante y ahora explicaré por qué.

Las mujeres constituimos un pilar esencial de la economía nacional. Actualmente, el 46% de los asalariados del mundo son mujeres y somos la principal fuente de las colosales riquezas capitalistas, no sólo por el PIB que originamos sino también porque somos generadoras de una mayor plusvalía: en promedio, las mujeres recibimos un 34% menos salario que nuestras contrapartes masculinas, realizando el mismo trabajo. Por otro lado, las mujeres invertimos mayor energía y mayor número de horas en el trabajo asistencial y de cuidados dentro del hogar. De acuerdo con cifras del INEGI, este trabajo no remunerado, si se pagara, importaría algo más de 4 mil millones de pesos; lo que equivale al 23.2% del PIB. Si sumamos las riquezas generadas por la mano de obra femenina por concepto de trabajo productivo, plusvalía y trabajo reproductivo, éstas ascienden al 60% del PIB. Y que conste que yo no invento estas cifras; las publicó el INEGI en 2018.

Pero lo más importante y más urgente es la amplia variedad de todas las violencias que vivimos las mujeres, desde las más sutiles hasta la feminicida. Ninguna mujer está a salvo, cualquiera que sea su edad, clase social, condición académica o de salud.  Tanto la trabajadora del hogar como la estudiante universitaria o la actriz de cine están expuestas a ella porque casi siempre la violencia que secuestra, desaparece y asesina, viene de la propia pareja, de la propia familia. Cuando no es así, en el ámbito público nuestras hijas se exponen, un día sí y otro también, al acoso y el secuestro, la trata de blancas y la guerra del narco. En todos los casos, el espacio a conquistar, la mercadería a vender o el territorio en disputa es el cuerpo de las mujeres. Todas las violencias se libran en el cuerpo de las mujeres. Y la crueldad de estas muertes se exhibe espectacularmente en medios de prensa para servir de escarmiento a las demás; para provocar terror, obediencia e inmovilidad. Más aún, por su número y persistencia, la violencia feminicida puede y debe asumirse como una práctica sistemática encaminada a destruir total o parcialmente a un grupo específico de población: las mujeres. Dicho en términos simples, se trata de un genocidio.

Lo más lamentable de todo esto es la absoluta indiferencia del Estado Mexicano. El presidente AMLO acusa de golpistas a quienes convocan este paro y ofrece un decálogo de buenas intenciones que no se traducen en una estrategia congruente con la gravedad de lo que ya constituye una verdadera crisis humanitaria. Cada día, diez mujeres pierden la vida en nuestro país, por el simple hecho de ser mujeres; una cada dos horas. Y peor aún, no hay procesados por estas muertes. El recuento de mujeres torturadas, violentadas, desaparecidas, exhibidas es inconmensurable; el de procesados por estos delitos, apenas un par de decenas.

La construcción de la violencia hacia las mujeres no es nueva; se trata de un fenómeno de tan larga data como la propia lucha femenina por la ciudadanía, el derecho al voto, la eliminación de la brecha salarial entre los dos géneros, el acceso a la instrucción pública o la igualdad de oportunidades de desarrollo profesional. Su recrudecimiento, entonces, también es coincidente con la emergencia de las nuevas movilizaciones feministas; entre más protestan las jóvenes, más feminicidios se registran y más sadismo se manifiesta en ellos. El mensaje es muy claro para todas: hay límites cuya transgresión no permite ni permitirá jamás nuestra cultura; incumplir y no someterse a estos límites, puede costarle la vida a cualquier mujer. Para los hombres, el mensaje es de poder y dominación: puede matar a una mujer y “la sangre no llegará al río”; no habrá mayores consecuencias.

La normalización de la violencia contra los cuerpos de las mujeres va de la mano con el silencio cómplice de otros hombres: los funcionarios encargados de procurar justicia, las Instituciones gubernamentales cuya obligación es garantizar la integridad de la ciudadanía, etc. De esta manera, cuando una mujer denuncia la violencia de su hermano, su padre, su pareja, esta denuncia es rápidamente desestimada, cuando no despreciada. Sostener un silencio cómplice; es decir, no hacer nada, aumenta el capital político del funcionario respecto de otros hombres; romperlo lo convierte en un soplón, un marica.

Ésta parece ser la premisa del gobierno Morenista: no hacer nada. Mientras AMLO declara que está atendiendo a las causas del fenómeno, sin aclarar cómo lo está haciendo, en el plan de gasto público de este año se recorta el 55% del presupuesto destinado a las políticas de género; prioriza programas tales como Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas para diferentes niveles educativos, el Programa de Pensión para Adultos Mayores y hasta el programa de Precios de Garantía.

Lo anterior implica que desaparecen 26 programas dedicados a disminuir la brecha entre hombres y mujeres, programas de atención a la salud materna, sexual y reproductiva, así como albergues y programas de atención, acompañamiento y empoderamiento de mujeres víctimas de violencia.

En este estado de cosas, alguien convocó en redes a un paro nacional y la convocatoria se viralizó, respondiendo a una necesidad de expresión y organización sentida en distintos sectores de mujeres. Este paro trata de evidenciar la aportación de las mujeres a la riqueza nacional y lo que su destrucción como grupo de población costaría al Estado Mexicano. Es una estrategia de lucha por una vida que sea más que sobrevivir al terror; un terror que me inmoviliza para salir cuando anochece; que me acompaña cada noche en que mi hija se traslada en trasporte público desde su trabajo.

A mis casi sesenta años, sé porque lo he visto en distintos momentos de mi vida, que ninguna clase en el poder otorga a sus dominados ningún derecho de buen grado; los derechos hay que conquistarlos y defenderlos a diario. Y el primer derecho que el movimiento de mujeres pretende conquistar es el acceso a la justicia: Justicia para Fátima, justicia para Ingrid, justicia para Lesvy, justicia para…un número infinito de niñas y mujeres. Sé también que cuando el gobierno hace oídos sordos a las demandas de la población, la única manera de obligarlo a escuchar, a sentarse y dialogar, es con un paro total. Me parece que es la única manera civilizada de obligar a las instituciones de justicia y de gobierno a hacer su trabajo.

Por eso he decidido incorporarme a este Paro Nacional, asumiéndolo no como un fin en sí mismo sino como parte de un continuo de estrategias de lucha y de contención solidaria de las mujeres con las mujeres. Tal vez ustedes no estén de acuerdo con el método de lucha pero, estoy segura, jamás disentirán de la justicia de su fin.